Tensión en Plottier: después de los allanamientos, Luis Bertolini habla en conferencia de prensa

El intendente de Plottier Luis Bertolini convocó a una conferencia de prensa este viernes a las 13. La convocatoria se difundió con poco tiempo de anticipación y es "para referirse a los últimos acontecimientos de público conocimiento", precisaron desde su entorno. El encuentro es en la sala de Conferencias, ubicada en Zabaleta 40, de la ciudad de Plottier La situación de Bertolini es sensible luego de que la Justicia realice ocho allanamientos, en Neuquén, Plottier y Cipolletti, en el marco de una causa que lo investiga por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública. Allanamientos e investigación contra Luis Bertolini Según explicó el Fiscal Pablo Vignaroli, la causa se inició a partir de una denuncia presentada a mediados de enero por un particular, en la que se pusieron en conocimiento dos situaciones que, en principio, podrían configurar delitos contra la administración pública. A partir de ese planteo, la Fiscalía impulsó las medidas que derivaron en los procedimientos concretados durante la jornada. Cinco de los allanamientos se realizaron en Plottier, entre ellos en la sede del municipio, el área de Hacienda, el despacho del intendente y el domicilio particular de Bertolini. Además, hubo dos procedimientos en Neuquén capital y uno en la ciudad de Cipolletti. El objetivo central fue el secuestro de documentación y material fílmico para avanzar en la investigación. Vignaroli detalló que uno de los ejes de la causa está vinculado a un decreto firmado por el intendente, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a un grupo de contribuyentes del barrio privado Los Canales, durante el primer semestre de 2025. El fiscal sostuvo que esa medida podría constituir, en principio, un abuso de autoridad, ya que la Carta Orgánica de Plottier establece que el Concejo Deliberante es el único órgano habilitado para otorgar excepciones tributarias. Además, remarcó que el decreto habría generado una aplicación desigual, ya que no todos los propietarios del mismo country recibieron el mismo beneficio, pese a encontrarse en idénticas condiciones. “Lo más grave es que la excepción la otorgó un órgano que no está facultado para hacerlo”, subrayó. El segundo eje de la investigación tiene que ver con la contratación de una empresa privada para obras públicas. De acuerdo a la denuncia, existiría una negociación incompatible, ya que uno de los socios de la empresa Valco sería hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez. La Fiscalía confirmó que la empresa pertenece a dos personas, entre ellas López, hijo de la funcionaria, y que además no tendría CUIT habilitado. En ese marco, Vignaroli explicó que se detectaron contratos firmados a nombre de uno de los socios, Pedro Vilches, quien facturaba con la denominación Valco, lo que -según el fiscal- podría haber sido una maniobra para “dar apariencia de legalidad” y evitar una contratación directa con una persona vinculada a una funcionaria municipal. Parte de esa documentación fue hallada en el despacho del intendente. Los delitos que se investigan son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque el fiscal aclaró que el alcance de la causa podría ampliarse a otros funcionarios que hayan intervenido o convalidado las decisiones. Finalmente, Vignaroli señaló que los próximos pasos serán analizar el material secuestrado, incluidos los teléfonos celulares de los involucrados, para determinar si surgen nuevas medidas de prueba y posibles imputaciones. ¿Quién se hace cargo de Plottier si Luis Bertolini renuncia, es suspendido o inhabilitado? El artículo 38 de la Carta Orgánica de Plottier señala que, ante la vacancia definitiva del cargo de intendente -ya sea por renuncia, destitución, muerte, inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente- y cuando resten menos de dos años para finalizar el mandato, deberá asumir la presidencia del Concejo Deliberante hasta completar el período. En ese marco, si la Justicia notificara al Concejo Deliberante sobre una imputación y se resolviera el apartamiento del intendente, quien debería quedar a cargo del Ejecutivo municipal sería la actual presidenta del cuerpo legislativo, Malena Resa, electa por unanimidad en febrero del año pasado. Sin embargo, el Concejo Deliberante renueva sus autoridades cada febrero. Por ese motivo, si la definición judicial no se produce en lo inmediato, el eventual reemplazo del intendente quedaría en manos de quien resulte elegido o elegida como presidente o presidenta del cuerpo en la próxima sesión preparatoria. Hasta el momento no fue convocada formalmente la sesión preparatoria del Concejo, aunque se prevé que se realice luego del fin de semana largo de Carnaval. La Carta Orgánica establece que esa sesión debe convocarse después del 15 de febrero. El año pasado, las instancias de sesión preparatoria y apertura de sesiones se realizaron los días 18 y 21 de febrero, respectivamente. Además, el artículo 79 de la Carta Orgánica contempla el procedimiento ante una imputación penal. Allí se establece que, cuando se impute la comisión de un delito doloso al intendente, la suspensión preventiva procede de pleno derecho una vez que el juez interviniente dicte el auto de procesamiento. La norma indica que la suspensión será sin goce de haberes y deberá ser dispuesta por el Concejo Deliberante con el voto de los dos tercios de sus miembros, excluido el imputado. En caso de una sentencia condenatoria firme, la destitución también procede de pleno derecho, mientras que una absolución o sobreseimiento definitivo habilita la restitución automática en el cargo. Este artículo genera distintas interpretaciones entre los concejales. Mientras algunos consideran que ante una imputación corresponde avanzar con la suspensión, otros sostienen que la situación podría tener un trasfondo político y anticipan que no acompañarían una medida de ese tipo. Por el momento, el escenario dependerá del avance de la investigación judicial y del análisis de las pruebas recolectadas durante los allanamientos realizados en el municipio y en otras dependencias oficiales.