El Gobierno prioriza la reforma laboral y posterga la baja de impuestos y la reforma penal

La sesión en el Senado para aprobar el proyecto de modernización laboral ya tiene fecha establecida: será el 11 de febrero. Desde el sector libertario, se confía en que ese día se podrá dar una señal política importante que contribuya a reducir el riesgo país, para luego avanzar con el trámite en Diputados una semana después.

Aunque el Poder Ejecutivo todavía no llamó formalmente a la segunda parte de las sesiones extraordinarias, los líderes legislativos libertarios admiten que todos los esfuerzos están enfocados en aprobar la reforma laboral. En cambio, las reformas penal y tributaria, que han sido anunciadas en varias ocasiones, quedaron postergadas para un futuro próximo.

Cuando el presidente Milei firmó en diciembre la convocatoria a sesiones extraordinarias, incluyó en el temario seis proyectos: el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (que busca prohibir el déficit), la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal. Antes de que terminara el año 2025, el espacio La Libertad Avanza logró sancionar las dos primeras leyes y dictaminar la reforma laboral en el Senado, además de aprobar la regla fiscal en Diputados.

Durante el receso legislativo, los contactos con la oposición y gobernadores se limitaron a discutir los cambios en la legislación laboral. Además, se dejó entrever que la ley de glaciares podría ser utilizada como moneda de cambio para obtener votos de las provincias mineras.

En cuanto a la reforma penal, que fue anunciada en varias oportunidades el año pasado, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich había detallado en conferencia de prensa que se endurecerían las penas para delitos como homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También se planteaba la no prescripción del abuso sexual y el homicidio agravado. Según Bullrich, la reforma buscaría dejar atrás la "doctrina Zaffaroni" y evitar la "puerta giratoria", para que los delincuentes que deberían estar presos no queden en libertad. Sin embargo, el texto nunca llegó al Congreso y es poco probable que se empiece a debatir en febrero, ya que estas iniciativas suelen generar intensos debates.

En el Gobierno parecen entender que la reforma laboral por sí sola ya implicará suficiente controversia política para enfrentar nuevas disputas. Por otro lado, la reforma tributaria, también reiteradamente anunciada, se vio afectada por el trámite del Presupuesto 2026. El Ejecutivo esperaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario para aumentar el margen fiscal, pero la caída del capítulo XI del presupuesto evidenció dificultades para lograr los votos necesarios.

Aunque no está prevista una reforma integral del sistema tributario, la modernización laboral incluye un capítulo con varios cambios importantes. Por este motivo, los gobernadores expresaron críticas, ya que reclaman compensaciones por la reducción en fondos coparticipables que recibirán las provincias.

Entre las propuestas destacan la reducción de impuestos internos a ciertos sectores, una baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) orientado a promover inversiones productivas en micro, pequeñas y medianas empresas, y la constitución del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo se formará con el 3% de las contribuciones patronales que dejarán de ir al sistema previsional y se destinará a un fondo individual por empresa para futuras indemnizaciones.

Este viernes se reunió en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno, con la presencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior Diego Santilli; y otros secretarios. Allí se comenzó a delinear la estrategia parlamentaria para impulsar la reforma laboral, aunque no hubo acuerdo sobre qué tipo ni cuántas concesiones otorgar a las provincias para asegurar su respaldo.

En tanto, la oposición se concentra en juntar votos para derogar el decreto presidencial que reformó la SIDE. El decreto fue enviado a la comisión bicameral de trámite parlamentario, pero debido a que esta no está constituida, es poco probable que se pueda comenzar a analizarlo pronto. Pasados diez días hábiles, el 29 de enero, cualquiera de las cámaras podrá llevar el decreto al recinto para votar su validez.

En Diputados, la oposición está cerca de conseguir el quórum para abrir una sesión especial en febrero. Además de los 93 diputados del peronismo, sumarían 22 de Provincias Unidas, 4 de la Izquierda y algunos legisladores “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández, totalizando 121 votos, aunque necesitarán por lo menos 8 adhesiones más. En el Senado, las filas libertarias confían en no tener problemas para mantener vigente el decreto, que solo requiere blindaje en esa cámara.