Pichetto quiere colectoras peronistas pero un decreto las impide

por Carlos Tórtora (*)

El plan electoral de Miguel Ángel Pichetto ha pasado a ser la clave del triunfo de la estrategia macrista. Prueba de ello es la difusión que se le dan a las cumbres entre el senador peronista y Jaime Durán Barba, en las que el primero aparece como un virtual jefe de campaña de Juntos por el Cambio. La idea de armar colectoras peronistas para legisladores nacionales que adhieran su boleta a la de la fórmula Macri-Pichetto es ahora un eje central.En el PROperonismo, Ramón Puerta, Miguel Ángel Toma y Humberto Roggero ya están trabajando en el tema. La herramienta de las colectoras es doblemente útil, porque por un lado ayuda a sumar votos y por el otro es una moneda de canje en la negociación con los gobernadores. Es decir que allí donde haya acuerdos con los mandatarios peronistas el gobierno no los molestaría impulsando colectoras del mismo signo. En Buenos Aires, por ejemplo, una colectora pichettista podría entrar en algunos sectores que en otras épocas respondían a Eduardo Duhalde.

Pero este plan choca contra la realidad legal. El 11 de abril pasado se publicó el Decreto 259, que limita la existencia de colectoras a supuestos excepcionales. Esta norma surgió del temor de María Eugenia Vidal de un acuerdo de unidad peronista para que los distintos candidatos a presidente llevaran el mismo candidato a gobernador: Sergio Massa. En su artículo 1°, el Decreto establece que:

“En las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y en las elecciones generales, las distintas secciones de la boleta deberán corresponder a agrupaciones que tengan idéntica denominación.” Solamente se admiten entonces las colectoras en los casos en que se adhiere a una lista que carece de esa categoría de cargos.

Ya en las últimas semanas, fue evidente que el macrismo se había arrepentido de haber dictado el decreto y la llegada de Pichetto confirmó la tendencia. Ahora a la Casa Rosada le urge sacarse de encima al 259 pero obviamente debería para ello pagar el costo de caer en el absurdo de fundamentar lo contrario a lo que argumentó tres meses atrás.

Una solución menos desdorosa sería que la justicia concediera uno o varios de los amparos contra el decreto que interpusieron distintos partidos políticos y entonces tomar como estos fallos como un hecho nuevo que fundamente la necesidad de borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Los plazos urgen porque el cambio no podría darse después de la presentación de boletas a fin de mes.

 

(*) director periodístico

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